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El Senado mexicano aprobó con velocidad fast track la reforma a la Ley de Amparo. La propuesta que se envío un 15 de septiembre por iniciativa de la Presidenta, mantuvo sus efectos a favor del Gobierno y no tanto para el ciudadano. El conjunto de cambios propicia que el ciudadano quede en el desamparo hasta cierto punto.
La ley histórica del Amparo surgió en el siglo XIX como un escudo de la ciudadanía frente a los actos arbitrarios del poder. Ahora, esta reforma intenta dar la vuelta al principio fundacional. El cambio favorece directamente a los servidores públicos de diversas maneras cuando la ley de amparo debe ser un escudo para la ciudadanía.
La reforma dificulta la tramitación del amparo administrativo. Un ejemplo claro sucede cuando un grupo de taxis se le impide seguir trabajando por alguna razón, no podrá reanudar actividades. También golpea a los negocios que buscan defenderse de una clausura, aún cuando aleguen que es ilegal o bien cuando se restringe la disposición de recursos frente a las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias que emite la UIF.
La preocupación alcanza a todos, pues la ley de amparo protege desde la señora de la tiendita de la esquina hasta el empresario. La reforma es pareja y sus efectos son para todos.
El tema fiscal se complicará mucho pues ahora se podrá exigirle al ciudadano: "primero paga y luego vemos". Y si después de años de litigio se gana el amparo ya al final, la devolución de lo pagado solo es una posibilidad. Esto hace mucho más gravoso y tortuoso el proceso. Además, la ley dificulta la ejecución de sentencias de amparo pues impide establecer responsabilidades por no acatar un fallo.
La velocidad de la aprobación legislativa nuevamente levanta las alarmas. La votación fue aplastante en comisiones con 32 votos a favor y 12 en contra, utilizando la "aplanadora legislativa". El parlamento abierto que se realizó fue una simulación pues la participación ciudadana resultó irrelevante.
El dictamen de más de 120 páginas se redactó de un día para otro. Este cambio legislativo se suma a la reforma judicial previa. El conjunto de reformas se perfila como un posible cóctel regresivo. La iniciativa se irá a Diputados donde se espera que también se apruebe sin problemas.
La prueba del ácido será cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, cuando se verá el tamaño de sus nuevos integrantes revisando la Constitucionalidad de la misma.
El dictamen de más de 120 páginas se redactó de un día para otro. Este cambio legislativo se suma a la reforma judicial previa. El conjunto de reformas se perfila como un posible cóctel regresivo. La iniciativa se irá a Diputados donde se espera que también se apruebe sin problemas.
La prueba del ácido será cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, cuando se verá el tamaño de sus nuevos integrantes revisando la Constitucionalidad de la misma.
