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La segunda mitad de 2025 quedará registrada como un punto de inflexión en la vida pública mexicana. El periodo condensó decisiones de alto calado, reacomodos institucionales y una polarización política que redefinió el equilibrio entre gobierno y oposición.
En su primer informe, Claudia Sheinbaum apostó por un discurso de continuidad optimista y control del rumbo nacional. “Vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo”, afirmó, mientras Rosa Icela Rodríguez formalizaba la entrega del informe al Congreso. El mensaje buscó proyectar estabilidad en un contexto marcado por cambios profundos y tensiones latentes.
El Poder Judicial vivió una transformación sin precedente. La toma de protesta de 881 nuevos integrantes selló un relevo histórico que culminó con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo pleno, acompañado por ministras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel, inauguró una etapa de vigilancia constitucional bajo un equilibrio institucional renovado y observado con lupa.
En el terreno simbólico, septiembre dejó una imagen inédita: por primera vez una mujer encabezó el Grito de Independencia. Sheinbaum reivindicó a los migrantes y subrayó la soberanía nacional, mientras el oficialismo celebraba cohesión interna. En contraste, la oposición mostró fisuras evidentes. La alianza entre PAN y PRI evidenció un desgaste profundo, con reproches cruzados y la exigencia de Acción Nacional de una Fiscalía autónoma que no sea utilizada como instrumento de persecución política.
La economía tampoco escapó al viraje. El Congreso avaló ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, elevando gravámenes a cigarros, bebidas azucaradas y videojuegos bajo un argumento sanitario. La medida, integrada a la Ley de Ingresos 2026, apunta a una recaudación superior a los diez billones de pesos, reforzando la capacidad financiera del Estado y, al mismo tiempo, reabriendo el debate sobre el alcance fiscal de las políticas de salud pública.
En el frente internacional, la relación con Perú entró en crisis tras la declaración de “persona non grata” contra la mandataria mexicana por parte del gobierno de Perú. La respuesta presidencial defendió el derecho de asilo y la no intervención, elevando el diferendo a un plano ideológico que tensó la diplomacia regional.
El cierre del periodo ordinario confirmó la dureza del momento político. El Congreso aprobó penas de hasta 42 años de prisión por extorsión, endureciendo la política de seguridad. México cerró así un año de reformas, símbolos y confrontaciones que marcarán el rumbo republicano en los años por venir.
