El pasado 20 de diciembre de 2025, el juez Omar Felipe García Cano, de 38 años, fue hallado sin vida en su domicilio en Hidalgo del Parral, Chihuahua, con una herida de bala en la cabeza y un arma corta junto a su cuerpo, en lo que las autoridades han calificado preliminarmente como un posible suicidio.
García Cano era juez de control y llevaba uno de los casos más sensibles del sistema de justicia estatal: la causa penal contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de peculado y asociación delictuosa. Al momento de su muerte estaba próximo a dictar el auto de apertura a juicio oral, una etapa crucial del proceso.
Las primeras versiones oficiales hablan de un suicidio, basadas en la presencia del arma y la escena encontrada por peritos.
Aquí es donde debe ponerse atención. La muerte violenta de un juez no es un hecho común, y mucho menos cuando está vinculado a un proceso de alto impacto político y judicial. El riesgo de sacar conclusiones rápidas o de aceptar una versión preliminar sin cuestionarla es enorme. El Poder Judicial, la Fiscalía estatal y, de ser necesario, la intervención de instancias federales y peritos independientes deben garantizar transparencia total, desde la escena del hallazgo hasta los análisis balísticos y toxicológicos.
No basta con decir “posible suicidio”: debe clarificarse si hubo presión psicológica, amenazas, coerción o interferencias externas que pudieran haber influido en el juez. Cada detalle forense, cada declaración de testigos y cada antecedente deben ser establecidos con rigor y publicados de manera transparente.
Cuando un juez muere en circunstancias violentas, no sólo se pierde una vida; se pone en entredicho el Estado de derecho. Se requieren respuestas completas y confiables para preservar la confianza en su sistema de justicia. La investigación no puede quedar en rumores ni especulaciones.
