Reforma constitucional contra extorsión: ¿sólo buenas intenciones?

La aprobación unánime en el Senado de la reforma constitucional que faculta al Congreso para legislar una ley general contra la extorsión marca un avance. Con ella, se pretende homologar criterios penales, sanciones y cerrar vacíos legales estatales. Esta iniciativa responde al agravamiento del delito, cuya disparidad legislativa entre entidades ha permitido que grupos criminales operen con impunidad, según argumentaron legisladores de diferentes partidos.

Las cifras muestran que la extorsión es un cáncer de la economía mexicana. Sus pérdidas anuales se estiman en 124 mil millones de pesos, golpeando especialmente a empresas pequeñas, según datos del INEGI. Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha reportado que el delito ha crecido alrededor de 83% en una década, mostrando su capacidad de adaptación. Uno de los casos más preocupantes de los últimos tiempos vuelve a ser noticia esta semana, con productores de limón en Michoacán haciendo público que los extorsionadores están duplicando la extorsión, pasando de dos pesos a cuatro pesos por kilo.  

El cambio constitucional que aprueba el Senado es necesario, pues crea la base legal para que el Estado coordine acciones nacionales y cierre los desfases entre leyes estatales. Sin embargo, no es suficiente en sí mismo. Para que esta reforma reduzca de verdad la extorsión, hacen falta varios elementos fundamentales: fiscales estatales profesionalizados con unidades especializadas, coordinación efectiva entre autoridades federales y locales, controles internos en prisiones para impedir vínculos con el crimen, recuperación territorial para que las plazas no queden en manos criminales y generar confianza ciudadana para que las víctimas denuncien sin temor.

El reto, sin embargo, será difícil de superar, pues supone una mejoría sustantiva en los sistemas de procuración y administración de justicia en su conjunto, más allá de lo que corresponde al delito de extorsión en particular. Esta reforma se inserta en un contexto poco favorable, pues la reciente reforma judicial ha iniciado un retroceso para la separación de poderes y profesionalización en la administración de justicia. Por su parte, las fiscalías permanecen sin ningún proyecto de mejora.

Para que la reforma constitucional para combatir la extorsión no se quede en buenas intenciones, tendría que venir acompañada de cambios estructurales, capacidades, institucionalidad, recursos y voluntad política. Se antoja difícil.