Proteger a la autoridad del ciudadano: reforma de Sheinbaum a la Ley de Amparo

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo enviada por la Presidencia en los últimos días busca, en teoría, agilizar procesos, modernizar el juicio digital, combatir prácticas dilatorias y redefinir quién puede pedir un amparo. Sin embargo, detrás de estos objetivos, hay también un cambio sustancial en el juicio de amparo que resta el nivel de protección al que pueden acceder los ciudadanos frente a actos de autoridad.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la restricción a la suspensión de los actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. Esto significa que se pretende poner límites al tiempo que puede durar la protección del amparo, es decir, la suspensión del acto de autoridad. Además, se eliminarían los amparos contra detenciones por prisión preventiva oficiosa, por lo que los acusados podrían estar un tiempo indefinido privados de la libertad sin que haya nada en su contra más que la consideración de una autoridad de que hay elementos suficientes para procesarlo. También se dificultaría que jueces detengan el bloqueo de cuentas de particulares impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Otro punto crítico es la nueva definición del “interés legítimo”, pues la reforma propone que solo quienes prueben un daño directo, concreto y personal puedan presentar amparos. Eso deja fuera a comunidades y organizaciones que defienden derechos colectivos. Además, la reforma pretende eximir a los funcionarios de responsabilidad directa si no cumplen con sentencias de amparo; ahora, la sanción recaería sobre la autoridad u órgano, no sobre el funcionario como persona. Ese cambio puede reducir incentivos de cumplimiento.

Aunque la iniciativa incluye avances como la digitalización del proceso y plazos máximos para emitir sentencias (60 días naturales), esos potenciales beneficios palidecen por completo ante las afectaciones sobre la ciudadanía.

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, en su redacción actual, es un mecanismo que disminuye la protección de las personas de los abusos de autoridad y abre, aún más, la llave al autoritarismo.