El gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una serie de maniobras para aumentar la recaudación fiscal: impuestos “saludables” (refrescos, tabaco, apuestas), medidas contra las factureras, reformas a la ley aduanera y, lo más controversial, la reforma al juicio de amparo que facilitará al Estado cobrar deudas fiscales aun cuando estén impugnadas judicialmente. Esa reforma introduce cambios preocupantes como restricciones al interés legítimo y menos protección para ciudadanos frente a la autoridad.
Salvo la reforma al amparo, la mayoría de esas medidas pueden ser beneficiosas, pues combatirían la evasión, mejorarían el control aduanero y desincentivarían productos dañinos. Sin embargo, distan de resolver el serio problema recaudatorio que tiene el país. México recauda apenas 17% del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de la OCDE, que ronda el 34 % del PIB.
Comparado con la dimensión del problema, las medidas del actual gobierno no son más que fuentes de emergencia a las que quiere acceder. Lo que se necesita es una auténtica reforma fiscal que incluya estrategias como:
- Redistribuir mejor la carga impositiva, para que las personas con altos ingresos y las grandes empresas contribuyan más.
- Ampliar la base tributaria, cerrando vacíos legales e incluyendo en la economía formal las actividades informales.
- Fortalecer los gobiernos locales para que municipios y estados recauden más.
- Garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Morena y el gobierno no parecen dispuestos a impulsar una reforma fiscal amplia porque saben que es impopular. Pero sin ella, seguirán dependiendo de parches, medidas coyunturales y reformas que generan desconfianza, como la del amparo.