Unsplash
El Congreso de la Unión discute una controvertida propuesta que ha sido catalogada como el "impuesto a los gamers". La diputada Iraí Virginia Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano subió a tribuna para proponer la eliminación de este gravamen, que impone un 8% a los videojuegos violentos.
La reforma, ha sido descrita como regresiva, recaudatoria y prohibicionista, además de arbitraria y absurda. El gobierno, según la crítica, busca equiparar jugar un videojuego a consumir productos que sí afectan la salud o el tejido social, como el cigarro o el refresco.
La legisladora cuestionó que se utilicen prejuicios morales al sugerir que los videojuegos afectan la salud mental y se asocian a conductas agresivas, tratando a los jugadores como "potenciales delincuentes". Además, citó a la Asociación Americana de Psicología, señalando que no existe evidencia seria de una relación causal directa entre los juegos violentos y la violencia real o los delitos. La violencia que "desangra México" nace de un estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y paz.
El impuesto es doblemente problemático, ya que grava incluso membresías que incluyen contenido violento, aunque el usuario nunca lo haya jugado. La diputada advirtió que cuando el Estado decide qué se puede consumir, ver o jugar, el debate se mueve de la tributación a la libertad y la censura. El impuesto solo criminalizará el entretenimiento.
