La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, denunció ante la Fiscalía General de la República al senador morenista Adán Augusto López.
La legisladora blanquiazul se basó en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como Gobernador de Tabasco, para presentar 37 denuncias en las que se evidencian irregularidades no aclaradas por un monto de 763.5 millones de pesos.
"Estas auditorías evidenciaron falta de transparencia, incumplimiento de normativas y desvío de recursos federales que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, fueron utilizados de manera irregular, no justificados y no reintegrados al erario a la fecha, configurando un daño a la Hacienda Pública Federal", declaró la suplente federal.
Entre los hechos denunciados, destacan pagos duplicados a trabajadores, nóminas ejecutivas sin soporte, contratos sin documentación comprobatoria, transferencias irregulares a unidades médicas y pagos a personas fallecidas o con licencia, entre otras inconsistencias.
De acuerdo con la legisladora, con estas conductas el allegado a Andrés Manuel López Obrador podría haber incurrido en delitos como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de facultades y cohecho.
No obstante, considera que el auditor superior David Colmenares lo protegió, porque han pasado cinco años desde 2019 y las observaciones se mantienen en “investigación”.
En ese contexto, Pérez-Jaén ha presentado diversos recursos en contra de López Hernández, quien gobernó Tabasco de 2019 hasta a 2021, cuando solicitó licencia para incorporarse como secretario de Gobernación.
El primero de ellos, un Punto de Acuerdo presentado el 6 de agosto de 2025 ante la Comisión Permanente, en el que exhortó al senador morenista a solicitar licencia y colaborar con las investigaciones sobre el grupo criminal "La Barredora".
Luego, una solicitud de Juicio Político ante el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, por presuntas omisiones y vínculos con funcionarios relacionados con actividades delictivas durante su gestión como Gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación.
