La violencia en México ha cobrado víctimas que, en esta ocasión, están directamente vinculadas al corazón del poder político. La madrugada del 31 de enero de 2026, María Eugenia Delgado Guízar, de 72 años, y su hija Sheila Amezcua Delgado, de 49 años, fueron asesinadas a balazos en su domicilio en Colima, en un ataque perpetrado por hombres armados que irrumpieron en su casa. Las víctimas eran, respectivamente, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
El propio Delgado reaccionó con dolor e indignación en redes sociales, recordando que su tía le preparaba pasteles en su infancia y subrayando que ambas mujeres se ganaban la vida con la venta de comida y pasteles. Aseguró que hay confianza en que las autoridades esclarecerán el caso y se hará justicia. Tras el ataque, autoridades locales abatieron a tres presuntos responsables en un enfrentamiento, aunque aún se investiga el móvil concreto.
Colima es uno de los estados más afectados por la violencia en México, con una de las tasas de homicidio más altas del país en los últimos años, lo que sitúa el crimen en un contexto grave y persistente.
Dado el perfil del funcionario y el silencio oficial sobre el motivo del crimen, es inevitable preguntarse si este asesinato fue un mensaje del crimen organizado hacia Delgado, hacia Morena o hacia el gobierno federal. Los ataques hacia políticos y sus entornos son cada vez más comunes y contra figuras de alto rango. Tan sólo la semana pasada, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano en Culiacán sufrieron un atentado de homicidio. Ambos hechos —aunque distintos en contexto y actores— muestran que la violencia se acerca cada vez más a espacios que antes se consideraban resguardados.
Es crucial que la investigación no se quede en la superficie. Aclarar quiénes ordenaron y ejecutaron este doble homicidio, y por qué eligieron atacar a civiles sin vínculo directo con la vida pública del secretario, es indispensable no solo para impartir justicia, sino para entender si estamos ante un intento deliberado de intimidación política.