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La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión contra Cristina "N", señalada por su probable responsabilidad en el delito de ataques al honor. La captura de la ciudadana, acusada de utilizar plataformas cibernéticas para denunciar al Presidente Municipal de Nuevo Parangaricutiro, despertó una ola de indignación social. Según las investigaciones oficiales, la detenida presuntamente administraba perfiles digitales falsos y grupos en redes sociales para difundir contenido sumamente delicado.
Las indagatorias revelan que diversas publicaciones vinculaban directamente al funcionario con una estructura criminal de Jalisco y lo señalaban como responsable de desapariciones forzadas en la región. Ante este escenario, el edil sostuvo que tales afirmaciones "ponían en riesgo y a su familia" al involucrarlo sin sustento con células delictivas. Tras rastrear el origen técnico del perfil digital, los agentes ministeriales procedieron con el arresto.
Actualmente, un juez vinculó a proceso a la sospechosa bajo custodia. El tribunal dictaminó un periodo de "dos meses lo que se dictaminó para la investigación complementaria" para recabar mayores datos de prueba. Especialistas aclaran que este proceso legal no sanciona la crítica política legítima, sino la imputación directa de crímenes graves que vulneran la integridad de terceros mediante canales digitales.
Este suceso ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad. Michoacán concluye el periodo bajo la implementación del Plan por la Justicia y la Paz, buscando contener incidentes de impacto como el homicidio de Carlos Manzo. Respecto a este último caso, las autoridades locales reportaron sospechosos detenidos por otros delitos, aunque la fiscalía precisó que aún no existen mandamientos judiciales vigentes vinculados directamente al asesinato. El desenlace del juicio contra Cristina "N" definirá un precedente sobre los límites de la libertad de expresión frente al uso de herramientas cibernéticas en zonas de conflicto.
