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El periodismo en el sur de México enfrenta un escenario inédito y alarmante. El reportero Rafael León Segovia permanece bajo custodia desde su detención el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos. Durante el operativo, participaron elementos de la policía local y efectivos del Ejército Mexicano, hecho que desató una ola de indignación y cuestionamientos sobre los motivos reales del arresto.
La Fiscalía General del Estado sostiene una acusación que suena "descabellada" para el gremio: terrorismo. Aunque el organismo omitió el término en comunicados recientes para mitigar las reacciones, mantiene vigente el cargo bajo el artículo 311 del código penal. Según reveló la familia del comunicador, un testigo protegido señala al profesional por presuntamente recibir financiamiento de células delictivas.
La situación jurídica de León se definirá en las próximas horas. Hoy a las dos de la tarde inicia una audiencia crucial de nulidad para desestimar las pruebas presentadas por el ministerio público. Mañana, a las siete de la mañana, el juez determinará si el informador sigue el proceso tras las rejas o recupera su libertad. Mientras tanto, sus colegas en la región han recolectado testimonios que avalan su trayectoria de varios años en los medios de comunicación.
El clima de zozobra permea en las redacciones veracruzanas. Muchos reporteros dudan ahora en cubrir eventos de seguridad o "nota roja" ante la posibilidad de sufrir represalias legales similares. Esta táctica de hostigamiento escala a niveles preocupantes, sumándose a otras formas de presión como las demandas por honor.
